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Colombia ocupa el tercer lugar en impunidad judicial a escala mundial


Yvke mundial/ConLaOrejaRoja
La justicia colombiana ha sido secuestrada por la corrupción, la politiquería y las mafias. No podía esperarse algo mejor en un país con varios presidentes y servidores públicos patrocinados por el crimen organizado. Un país con una cultura mafiosa inducida a través de los medios de comunicación al servicio de intereses particulares de los tres hombres más ricos, de la clase politiquera corrupta y de los carteles de contratación. Todo lo anterior, unido a una educación de muy baja calidad y de difícil acceso.

Según un estudio realizado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP) en México y otras organizaciones académicas, considerado hasta hoy el más completo en materia de seguridad, derechos humanos y justicia, Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo en impunidad judicial, con un índice de 75.6 puntos, siendo superado en esta clasificación únicamente por México con 75.7 puntos y Filipinas con 80 puntos.

En relación con los derechos humanos, según varios informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad judicial en Colombia se encuentra entre un 94 y un 98%, cifras que difícilmente pueden ser superadas por algún otro país.

La Rama Judicial en Colombia está constituida funcionalmente por cinco jurisdicciones: Ordinaria, Contenciosa Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y Especiales, de las cuales se desprenden correspondientemente cuatro altas cortes para las primeras cuatro jurisdicciones, a saber: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; además de la Fiscalía General.

Los Jueces de la República son nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura, que además tiene como funciones administrar a la rama judicial y ejercer actos disciplinarios cuando sabe de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales o los abogados.

En este escenario nos encontramos con jueces de carrera, los cuales después de ser nombrados, prácticamente se convierten en dictadores judiciales, cuyas decisiones muy difícilmente podrán ser cambiadas, porque a pesar de existir varios recursos para tratar de hacerlo, estos casi nunca prosperan; es ahí donde se hace efectiva la mayor parte de la corrupción judicial, en virtud de que las instancias superiores de cualquier proceso y el control disciplinario de los jueces, lo ejercen sus superiores, donde pululan los intereses políticos, económicos y personales en el nombramiento de familiares en juzgados y altas cortes, lo cual impide tener una justicia libre de corrupción y de politiquería.

Es bien sabido en los ámbitos judiciales, de los sobornos que cobran los Magistrados Superiores de los jueces para protegerlos en caso de cualquier investigación; de los dineros que cobran para enviar un proceso a determinado juzgado y de las tarifas -existe una tabla de acuerdo a la clase de proceso y la complejidad del mismo- que cobran los jueces para manipular, desviar o conceder un fallo a favor de cualquier persona que tenga recursos económicos para pagar los favores recibidos.

Podríamos dividir los casos de corrupción judicial en dos clases:

1) Los llamados “falsos positivos judiciales”: la mayor parte de ellos ocurren por sobornos económicos a los magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales. Estos casos son muy comunes y allí se ven involucradas muchas personas del común, a las cuales se les vulneran sus derechos civiles, económicos y morales.

Dentro de estos casos también se encuentran las personas enjuiciadas por diferencias políticas, por pertenecer a asociaciones campesinas, sindicales, cooperativas y  estudiantiles o, simplemente, por pensar diferente.

2) Los “juicios políticos” se han hecho más recurrentes en nuestro país. Las clases que ostentan el poder político y económico han pasado de la eliminación física a la eliminación moral de quienes los adversan, o de quienes, creen ellos, los pueden derrotar democráticamente. En estos casos el Estado colombiano ha usado la justicia y los entes de control, dominados por la corrupción y la politiquería, para sacar, o tratar de quitar del camino a sus adversarios.

Dos de los ejemplos más sonados del país son: el caso de Piedad Córdoba Ruíz, quien había sido sancionada por el exprocurador Ordóñez con pruebas que la Corte Suprema de Justicia había declarado inválidas y la incesante persecución contra Gustavo Petro Urrego, al tratar de eliminarlo de la vida política del país y violar el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual no permite quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano, por decisiones de un funcionario administrativo como el Procurador o el Contralor, a menos que haya de por medio sentencia de un juez penal.

Las principales causas para que la justicia colombiana haya sido tomada por la corrupción son:

1) Los magistrados son nombrados por el Congreso de la República, dominado por intereses particulares, la corrupción y el crimen organizado. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura eligen a los jueces, los cuales son presionados por quienes los nombran para tomar decisiones a su favor o, a para desviar y no permitir que prosperen las investigaciones de masacres y magnicidios en los cuales están implicados agentes estatales.

En el caso específico de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, hay un pacto de impunidad entre las instituciones del Estado colombiano.

Por otro lado, están las presiones del crimen organizado que ofrece sobornos económicos o, en su defecto, hacen amenazas contra la vida de los jueces y sus familiares, para que estos los beneficien en sus fallos judiciales; y los sobornos de la gente del común que tiene cómo pagar las tarifas establecidas por los jueces para fallar a su favor.

2) Los altos cargos de la nación son investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, un nido de corrupción donde no prosperan las investigaciones. De las denuncias recibidas, el 42 % son contra magistrados de las altas Cortes, el 30 % contra presidentes y el 28 % corresponde a denuncias contra fiscales generales.

De las 1.473 investigaciones contra magistrados de las altas Cortes, 635 fueron archivadas; de las 964 contra los fiscales, 726 no prosperaron; y de las 1.059 contra presidentes, 605 culminaron en archivo. La Comisión de Acusaciones tiene en reparto más de 186 procesos de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe.Todos ellos estancados en etapa preliminar. Ver link: http://www.semana.com/nacion/articulo/comision-de-acusaciones/419959-3

3) Los rectores de los organismos de defensa de los derechos humanos, como son: la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación son elegidos por el Congreso, como fue el caso del exprocurador Alejandro Ordóñez, cuya decisión sobre su ilegal reelección estuvo en manos del Consejo de Estado, siendo destituido por corrupción.

Es importante recordar el caso de corrupción del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien a pesar de las graves denuncias, con pruebas fehacientes que pesan sobre él, fue descaradamente defendido por Ordóñez. Este es el balance de la gestión del exprocurador, como juez de los servidores públicos. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=7OaN3NY0Uog

4) La mala educación que se brinda en las universidades colombianas, donde encontramos que algunos de los profesores encargados de educar a los futuros abogados en los claustros universitarios, están siendo investigados, han sido sancionados -algunos han pagado o están en la cárcel- bien sea por corrupción judicial o en el sector público o privado, lo cual es un pésimo ejemplo para los estudiantes que se forman en las Facultades de Derecho de nuestras universidades.

Un país que avanza hacia la construcción de la paz, no puede permitirse tener la justicia secuestrada por la corrupción, la politiquería y las mafias. En el posconflicto, para lograr avances significativos en la consolidación de la paz, es muy importante la depuración de la justicia, la cual debe pasar de ser selectiva a garantizar los derechos fundamentales de todos los colombianos en igualdad de condiciones.

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