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Argentina: una sentencia largamente esperada

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 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 dictará hoy aquí sentencia luego de un juicio de tres años que juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina bajo la sombra de la Operación Cóndor.

Este es el primer proceso que analiza la asociación de las dictaduras suramericanas cuando coordinaron acciones para reprimir, secuestrar y matar a dirigentes opositores o simplemente a ciudadanos que consideraban política o económicamente inconvenientes.

El total de víctimas de ese esquema represivo regional judicializadas en Argentina asciende a 457 casos: este universo comprende ciudadanos de Argentina (73), Bolivia (14), Chile (59), Paraguay (23), Perú (3) y Uruguay (164), e incorpora a ciudadanos de Brasil (10), Alemania y España.

En Argentina, se tramitaron dos causas judiciales: la que investiga la Operación Cóndor, cuya proceso comenzó en 1999, y la que remitió al centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocida como "Automotores Orletti".

Ese último proceso en el que se juzgó la desaparición, entre otros, de dos diplomáticos cubanos, secuestrados en agosto de 1976 en Buenos Aires, concluyó con el dictado de condenas.

Tras largo trámite, las vistas del juicio por la Operación Cóndor comenzaron el 13 de marzo de 2013, y el veredicto que se conoce este viernes alcanzará a 18 de los 31 acusados que llegaron a juicio oral.

Entre los que quedaron afuera por fallecimiento están el dictador Jorge Rafael Videla y Jorge Olivera Rovere, jefe de Subzona Capital. Videla murió de hecho a poco de iniciado el debate en 2013.

Pero en el banquillo de los acusados esperan sentencia Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, exresponsables de Institutos Militares de Campo de Mayo para quienes la fiscalía pidió 25 años de prisión.

También están el exagente de la Seguridad del Estado Miguel Angel Furci, con pedido de 25 años; el exjefe del área militar 112 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci con pedido de 10 años y el excomandante de operaciones navales de la Armada, Antonio Vañek con pedido de 16.

Otro de los nombres simbólicos en juicio es Manuel Cordero, exresponsable de servicio de inteligencia militar uruguayo para quien también pidieron 25 años de prisión y el único militar de otro país alcanzado por el juicio.

Hay otros seis imputados uruguayos que no fueron juzgados durante el proceso porque cumplen condenas en su país.

La causa tiene una relevancia única al ser el primer juicio en Latinoamérica que logra llegar al fallo de penas de un enjuiciamiento cuya existencia se conoce hace años.

Es, además, el primero en la región en trascender las fronteras argentinas, dado que 93 de las 109 víctimas contempladas en la causa son de otros países.

Esas 109 víctimas son personas de la mayoría de los países cuyas dictaduras integraron el plan represivo regional: Argentina (15), Bolivia (9), Chile (22), Paraguay (13), Perú (1) y Uruguay (48).

En comentarios con Prensa Latina, la investigadora argentina Stella Calloni señaló que este proceso también es inédito por la acumulación de prueba documental analizada.

Los documentos provinieron de archivos de Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y expedientes desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre Chile y Argentina. Todos encontraron un escenario real para ser leídos por primera vez en su conjunto.

Se evidenció la participación directa que tuvo Washington en la articulación del Plan Cóndor, apuntó la politóloga cuyo libro "Operación Cóndor, Pacto Criminal" aportó documentación evidencial para sustentar la causa.

Las pruebas y testimonios ayudaron a corroborar por primera vez no solo los crímenes, sino la "asociación ilícita" de los regímenes del Cono Sur para la represión ilegal durante las dictaduras, sus antecedentes, el momento de su fundación y su evolución.

El rol de medios, como El Mercurio de Chile, central en la caída de Salvador Allende, y el papel de Estados Unidos y la Escuela de las Américas en estos hechos fueron parte de este largo debate.

La causa la impulsó en 1999 un grupo de abogados en el que destacaron Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú, que lograron abrirse paso en la justicia pese a la vigencia de las leyes de impunidad, recuerda la publicación.

En la prueba documental hay cuatro millones de fotogramas de archivos en el Archivo del Terror de Paraguay, 44 mil documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile, tres mil sobre Argentina, enumeró en un artículo para Página 12 el analista político .

Eso, sin contar la desclasificación de documentos de las agencias del estado argentino que trabajaron durante los últimos 10 años en el análisis de material de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que fueron desclasificados.

Hubo 90 legajos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en análisis, 72 informes de dependencias estatales.

Igualmente, organismos de derechos humanos hicieron su aporte. Destacó el centro argentino de Estudios Legales y Sociales, y otros extranjeros como Amnistía Internacional, la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile y la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro.

lam/mh
Por Martin Hacthoun
Prensa Latina











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Actualizado cada 6 horas

Fecha: 27/05/2016
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