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Argentina: Fondos buitre quieren más

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 Los principales fondos buitre que litigan contra Argentina, NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant, rechazaron la generosa oferta que le hizo el Gobierno y mantienen hoy una postura intransigente en busca de sacarle más al país.

La administración del presidente Mauricio Macri les propuso hacerle pagos en efectivo con una quita del 25 por ciento a lo que están exigiendo pero aun así les representa una ganancia de mil 200 por ciento sobre lo que gastaron en comprar a terceros bonos de deuda argentina pues ellos no son acreedores.

Según la propuesta que les entregó el secretario de Hacienda, Luis Caputo, estarían recibiendo en efectivo unos seis mil 500 millones de dólares sobre una exigencia de nueve mil millones pero se niegan a aceptarlo.

Las nuevas autoridades en la Casa Rosada están apresuradas en resolver este meollo para que le permitan acceder al mercado de capitales y allí solicitar nuevos préstamos, aunque eso implique emitir más deuda, coinciden comentaristas.

De ahí, la premura por encontrar arreglos con los bonistas que rechazaron los acuerdos de reestructuración de 2005 y 2010.

Ese pequeño grupo representa una minoría del siete por ciento ante la mayoría del 93 por ciento de tenedores de títulos y acreedores que entraron a los dos canjes.

A los cuatro reacios buitres se sumaron los tenedores de bonos minoristas argentinos que también le ganaron al gobierno la llamada causa "pari passu" (tratamiento igualitario) en 2014, recordó el diario La Nación.

Todos han endurecido su postura luego que dos fondos, Dart y Montreaux, aceptaron la propuesta de pago argentina.

En su rechazo a la oferta dijeron, de todas formas, sentirse motivados por el deseo del gobierno de Mauricio Macri de resolver el litigio.

Anoche, Griesa denegó una petición de los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant para que se mantengan las restricciones dictadas en 2014 por ese mismo magistrado que obstaculizan los pagos de Argentina a los tenedores de bonos reestructurados a través de bancos norteamericanos.

En julio de ese año, Griesa congeló 539 millones de dólares en el banco de Nueva York girados por Argentina para que la institución distribuyera ese dinero entre los bonistas reestructurados. De esa manera, el país quedaba como moroso y lo esgrimió el propio juez para declararlo técnicamente en incumplimiento parcial de adeudos.

La decisión de Griesa la noche del viernes de no aceptar la solicitud de los fondos buitre inmediatamente fue recibida en Buenos Aires como una "fuerte señal a favor de la Argentina" según tituló La Nación.

Así opinaron otros medios digitales y televisivos, pero la aparente positiva actuación de Griesa impone por el contrario más condicionamientos al gobierno argentino que representan presiones para que cumpla lo que se compromete a pagar, señaló el economista Oscar Natalich.

El juez decidió en respuesta tanto a buitres como a los representantes de Buenos Aires que levantará las medidas cautelares, que le han impedido al país realizar los pagos reestructurados, una vez que el Congreso argentino derogue las llamadas Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano.

Además, incluyó una tercera condición: derogaría las restricciones luego que el país concrete los saldos de los acuerdos a los que llegue con los bonistas que aún poseen títulos impagos desde el 2001 y que se sumen a las negociaciones de arreglo hasta el 29 de febrero.

En realidad lo que Griesa ha dicho a Argentina es: elimina las leyes que obstaculizan el pago a los fondos buitre, acuerda los pagos con ellos y concreta los desembolsos, entonces después quito las restricciones, señaló Natalich, director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales.

Ya la administración Macri pactó a inicio de febrero pagarle a 50 mil pequeños bonistas italianos que rehusaron los canjes la cantidad al contado de mil 350 millones de dólares.

Dos semanas después acordó otro pago a un grupo de litigantes norteamericanos que presentaron un pleito colectivo en 2006 liderados por Henry Brecher, también en el juzgado de Griesa.

Pero el monto a saldar a estos tenedores de la denominada Acción de Clase Brecher no se conocerá hasta más adelante porque deben corroborar ante el juez Griesa que los bonos en su poder los adquirieron antes del 2006 y que no entraron en los procesos de reestructuración del 2005 y 2010.

También está pendiente un arreglo con los bonistas estadounidenses denominados "me too" (yo también) que si bien no han presentado pleito alguno, pidieron ser tratados como los litigantes fondos buitre a lo que accedió el magistrado Griesa que les otorgó los derechos "pari passu".

rc/mh
Por Martin Hacthoun
Prensa Latina







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Actualizado cada 6 horas

Fecha: 20/02/2016
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