Este jueves fue confirmada la orden de captura contra el exjuez venezolano Eladio Aponte Aponte, involucrado con redes dedicadas al narcotráfico, informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de Venezolana de Televisión.
Las investigaciones que se vienen realizando para determinar con exactitud los nexos que existen entre el ex magistrado Eladio Aponte Aponte y organizaciones dedicadas al narcotráfico han corroborado que la DEA (organización estadounidense) conocía desde el año 2006 las actuaciones ilegales y los nexos de Aponte con carteles de narcotraficantes.
A su vez la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que las declaraciones ofrecidas fuera del país por Eladio Aponte no son suficientes para iniciar una investigación en Venezuela, porque existe un procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para la formulación de denuncias.
Durante una rueda de prensa, ofrecida luego de la inauguración de la Fiscalía 64º nacional en materia para la Defensa de la Mujer, la fiscal Ortega Díaz señaló que Aponte tiene que venir a Venezuela a formular las denuncias de acuerdo con el procedimiento establecido en las leyes venezolanas, además recordó que él tuvo la oportunidad de formular estos señalamientos antes de sustraerse de la justicia venezolana y, sin embargo, no lo hizo.
La Fiscal General acotó que el Ministerio Público es responsable con el trámite de las denuncias y con el rol que le corresponde dentro del Estado venezolano; en consecuencia, no puede dar inicio a ninguna investigación por este tipo de señalamientos públicos.
Al ser consultada sobre por qué el Estado venezolano no actuó contra Aponte antes de que se sustrajera de la justicia, detalló que en Venezuela existe un privilegio para altos funcionarios y no se puede ejercer ningún acto de persecución penal contra estos, porque primero habría que despojarlos de ese beneficio por la vía del antejuicio de mérito o la calificación de una falta grave y la posterior destitución por parte de la Asamblea Nacional.
Explicó que cuando se trata de actos de persecución penal se incluye la solicitud de medidas de prohibición del país, medidas privativas de libertad, entre otras. En consecuencia, en el caso de Aponte, el Consejo Moral Republicano calificó de falta grave sus actos, por atentar contra la ética pública y la moral administrativa, pero esto no reviste carácter penal.
En este sentido, señaló que es por ello que el Consejo Moral remitió al Ministerio Público el expediente, pero esta institución no podía iniciar la investigación porque Aponte aún tenía el privilegio antes mencionado. Aseveró que ejecutar en ese momento una acción contra Aponte era colocarse al margen de la Ley, es decir, sería repetir lo ocurrido el 11 de abril de 2002 durante el golpe de Estado, cuando la persona que se autoproclamó presidente y su equipo, actuó al margen de la Constitución y disolvió los poderes públicos.
“Nosotros no podemos actuar de esa manera, nosotros debemos respetar la Constitución, las leyes y las instituciones, para preservar el Estado de Derecho y de justicia”, dijo Recalcó que se presume que Eladio Aponte se sustrajo de la justicia venezolana antes de que la Asamblea Nacional lo despojara de su privilegio y de su cargo. Respecto a las reuniones de altos funcionarios del gobierno señaladas por Aponte, la Fiscal General detalló que en cualquier Estado todas las instituciones pueden reunirse para fijar estrategias y políticas.
Recordó haberse reunido con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, junto a otras autoridades e instituciones con motivo de las medidas humanitarias que se otorgaron a los privados de libertad. La máxima representante del Ministerio Público manifestó que esta institución no necesita presionar y amenazar a jueces para lograr sentencias condenatorias.
Dijo que el Ministerio Público está dotado de un personal calificado, competente, con ética, honorabilidad y, además, preparado en la Escuela Nacional de Fiscales, en la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales y en otras instituciones para lograr sentencias condenatorias exitosas y que representen los intereses de las víctimas del delito en nuestro país.
“El Ministerio Público acude a los jueces cuando de acuerdo con lo que establece el COPP debe hacerlo, para presentar los actos conclusivos, acudir a audiencias preliminares, audiencias de presentación, solicitar privativas de libertad, y entiendo que los jueces han sido honorables en sus decisiones” agregó.
Ortega Díaz expresó que el sistema de justicia venezolano y todas las instituciones gozan de solidez y credibilidad, además tienen fortalecidos y consolidados todos los procesos que de acuerdo con la Constitución y las leyes deben ejecutar los fiscales, los jueces y todos los que intervienen.
Al ser consultada sobre si se va a solicitar la extradición del exmagistrado, la Fiscal General manifestó que no puede realizar este procedimiento sino se sabe dónde está la persona a extraditar, debido a que eso se ejecuta por un convenio entre países.
YVKE Mundial/VTV
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